“¡Al ladrón! ¡Al ladrón!”, parecen gritar desaforados quienes acusan al Gobierno de Enrique Peña Nieto de saquear al país y tenerlo al borde de un colapso, Pemex incluido. Los beneficiarios de la corrupción y el despilfarro se protegen lanzando epítetos al Presidente y su camarilla, por ladrones. Ocultan sus propias culpas tras el índice de fuego apuntado hacia los obvios culpables directos del dispendio, los negocios con la obra pública, las canonjías inacabables, los moches multimillonarios. Se rasgan las vestiduras asqueados ante la vaca agonizante de cuya muerte fueron cómplices. Ahora resulta que todos son indignados. Y todos hablan de austeridad, recortes, disciplina, ahorros, honestidad, trasparencia.

Entre ellos están en primera fila los legisladores, diputados locales y federales y senadores, primeros en gritar. Están, con sus excepciones, los gobernadores de todos los colores. Los partidos políticos, sus dirigentes y coordinadores parlamentarios. También los líderes sociales y sindicales millonarios. Los medios de comunicación beneficiados por el reparto infame del botín. Y los empresarios amigos, socios, cómplices del poder.

La ira ciudadana tiene más que ver con el despilfarro de los legisladores que con los efectos del llamado gasolinazo, es la verdad. Pensemos que el Congreso de la Unión nos cuesta cada año 22 mil millones de pesos, el doble que en 2002. Y los 31 congresos estatales, junto con la Asamblea Legislativa de la CDMX casi 13 mil millones más. Con asombro primero y luego con rabia, los vimos repartirse millones y millones en aguinaldos, bonos, gratificaciones de fin de año y otras canonjías que sumadas a sus dietas regulares superaron el medio millón de pesos por piocha. Ellos sí, Feliz Navidad.

Tenemos 500 diputados federales, 128 senadores y mil 125 diputados locales. Todos ellos cobran puntualmente sus quincenas y su sobresueldo por comisiones y reciben apoyos y bonos extras que no tienen que comprobar. Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados recibieron el año pasado 2 mil 142 millones de pesos en subvenciones, cuyo uso y destino que no tuvieron que comprobar. No tienen llenadera.

Únicamente 300 diputados federales y 64 senadores son electos. Las restantes 200 curules y 64 escaños son obsequios que reciben los partidos. Hace años que se demanda la eliminación de los plurinominales, cuya existencia es una aberración. En medio de la tormenta, ahora sí el PRI propone reducir a la mitad el número de diputados pluris, lo que dejaría en 400 el total de zánganos en la cámara baja. Vaya.

No se encabronen: el costo de nuestra democracia electoral, incluidos financiamiento nacional y estatal a los partidos políticos y la burocracia electoral federal y estatal, asciende a 34 mil 505 millones de pesos anuales. Sólo en prerrogativas para los partidos gastamos en 2015 (año de elecciones intermedias) más de cinco mil millones de pesos. Mantenidos así, dotados de carretadas de recursos, los partidos se han vuelto adictos al dinero, como dice Luis Carlos Ugalde, el ex presidente del IFE. Disfrutan el burocratismo y el confort con cargo del dinero público, el de todos nosotros. Ya les gustó a los holgazanes.

De los gobernadores de los estados ¿qué se puede decir? Más fácil es mencionar los casos emblemáticos recientes de los priistas Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León), Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), César Duarte Jáquez (Chihuahua), Jorge Herrera Caldera (Durango), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas), Humberto Moreira Valdés (Coahuila) y el panista Guillermo Padrés Elías (Sonora). Salvo este último, todos siguen libres e impunes.

Saqueadores insaciables de los recursos de sus entidades, las dejaron además sumidas en el endeudamiento brutal. La deuda que acumularon y sumaron a la que recibieron esos ocho ex mandatarios acusados de corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada y malos manejos es más elevada que el recorte al gasto que hizo el Gobierno federal en el Presupuesto de Egresos 2017. Asciende según informó SinEmbargo a 186 mil 535 millones de pesos respecto a la que recibieron al llegar al poder.

La gallina no se murió de vieja. Le torcieron el pescuezo. De su deceso son corresponsables a lo largo de muchos años desde presidentes de la República hasta directores de Pemex, contratistas, líderes sindicales. El emporio de Joaquín Hernández Galicia no se hizo a base del esfuerzo de este cacique sindical. “La Quina” cayó en desgracia sólo cuando se le puso al brinco a Carlos Salinas de Gortari, no por bandido. Tampoco Salvador Barragán Camacho tuvo otro mérito que el control de los trabajadores y la colusión con los funcionarios. Carlos Romero Deschamps participó en el desvío de mil 100 millones de pesos de la paraestatal a la campaña presidencial del PRI en 2000, a través del sindicato petrolero. Nunca pagó por el célebre Pemexgate. Hoy sigue siendo líder, millonario, feliz… y Senador de la República.

Sirva de remate para apuntalar nuestro optimismo: En México –nos dice el informe sobre la concentración de la riqueza en el mundo elaborado por la organización internacional Oxfam–, cuatro millonarios detentan tanta riqueza como el 50 por ciento más pobre de la población del país. Esas cuatro personas –Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco, Alberto Bailleres González y Eva Gonda Rivera– tienen el equivalente en riqueza a lo que poseen 63 millones de mexicanos, algo así como 70 mil millones de dólares. Estas son finalmente nuestras verdaderas desgracias, no Donald Trump. Válgame.

Twitter: @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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